«Libros, lucro y piscolas»
Miércoles 6 de febrero de 2019, Fernando Claro V., Opinión La Segunda
“La polémica de la «librería popular» es análoga a las viejas añoranzas del Chile pasado, con la CTC e Iansa en manos del Estado”.
La polémica del verano llegó con los libros, y trae dos novedades. La primera, urgente: por fin se habló de libros y lectura en vez de lucro y copago. La segunda, interesante: primera vez que gente del ambiente cultural está del lado de «los malos». Los libreros fueron acusados de lucradores —duró poco la fiesta sin el diablo— y se defendieron.
Sobre los «libros caros», ya se ha dicho bastante: el problema en Chile no son los libros, sino que los lectores. «Kafka, Carrère o Capote valen en cualquier librería $8.000; o sea, dos combos de McDonalds», dijo la librera Macarena Fernández. Qué decir sobre el precio y cantidad de conciertos, como señaló Gonzalo Oyarzún; el desorbitado aumento en idas al cine; y el gasto semanal en cervezas y piscolas. ¿En Chile no se compran libros porque valen en promedio 11 mil pesos? Si hubiera ganas de leer, simplemente se leería más —lo que además bajaría los costos, por cuestiones de tiraje—.
La polémica de la «librería popular» —una librería estatal-municipal que vende libros a precios subsidiados— es análoga a las viejas añoranzas del Chile pasado, con la CTC e Iansa en manos del Estado. Son imágenes cargadas de nostalgia, pero que evocan un pasado desgraciadamente ineficiente y monopólico, en el que primaba evitar conflictos y ganar votos. Por eso había grandes sueldos, pero malas líneas de teléfonos. Y por eso plantas azucareras a orillas del lago Llanquihue, confundiendo remolacha con salmones (la idea era estar al medio de un campo, no de agua). En esas empresas se evita el choque, como si la vida no estuviese hecha de choques, y ningún sujeto paga los errores. Sólo los chilenos, día a día, con nuestros impuestos. Esta es la regla en las empresas estatales, y cuando no, es la excepción. Y como las políticas públicas se hacen en base a reglas y no excepciones —cuestión que muchos no quieren entender— estas empresas son una mala idea.
A eso se suma otro problema, y peor, que aparece con los «precios subsidiados». Como bien dijeron los libreros, si al lado les ponen una «librería popular», en pocos días, morirán. Y lo que es peor, si alguno estaba pensando «instalar una librería en Copiapó, mejor no lo ha[ce] porque el alcalde puede poner una librería popular al frente y [lo] saca del mercado», como dijo Pablo Dittborn. Listo, se liquidó el mercado. En el largo plazo no habrá librerías y quedará sólo la municipal, obviamente dirigida por el alcalde. Me imagino las glamorosas ediciones del Manifiesto Comunista o los discursos de Chávez en Recoletras, miles de ejemplares de «La revolución silenciosa» en Las Condes, o una esotérica reedición de «Todo… está en ti», de Gerardo Rocha, en Maipú.
Dittborn sentenció: «El alcalde Jadue dice que agrandó el sistema de librerías del país, pero en realidad lo frustró». Linda idea la de condenar a los lucradores, como siempre.
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