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Ministerio de Hacienda no está dispuesto a rebajar ni menos a eliminar el IVA para textos escolares

Senado.cl 3/07/2009

El senador Carlos Cantero, integrante de la Comisión de Educación, había solicitado a esa cartera que estudiara la medida como una forma de ayudar a las familias de clase media que deben destinar casi $100 mil para adquirir esos libros.

Con molestia recibió el senador Carlos Cantero, la respuesta que le envió el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a la petición que le hizo en el sentido de que estudiara la posibilidad de entregar un subsidio económico a las editoriales encargadas de la venta de textos escolares, tal como una rebaja o eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), respecto de dichos ejemplares.

El secretario de Estado, a través de un oficio, le señaló que la Ley del IVA -que considera la afectación de todos los bienes y la mayor parte de los servicios- ha funcionado de manera eficiente y que la exención propuesta, “sería regresiva” pues, de acuerdo a la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, el 62% del gasto en libros es efectuado por los hogares pertenecientes al 20% de mayores ingresos.

Tal respuesta, a juicio del senador Cantero, demuestra que “el Ministerio de Hacienda tiene una visión absolutamente estructurada en torno a estos temas y no está dispuesto a dar ningún gesto o a tener flexibilidad el ámbito de las políticas públicas vinculadas a esta inquietud”.

El parlamentario, quien integra la Comisión de Educación, considera fundamental que se implementen medidas como la propuesta, sobre todo en beneficio de las familias de clase media, que al inicio de cada año escolar, deben desembolsar casi $100 mil en promedio para adquirir textos escolares.

Más aún, dijo, porque uno de los problemas que muestra la educación chilena es la escasa comprensión de lectura que reflejan las distintas mediciones que se realizan a través de pruebas aplicadas en los distintos niveles de educación.

RIQUEZA DEL LENGUAJE

Asimismo, el senador Cantero advirtió que también se deben tomar en cuenta los profundos cambios que muestra la sociedad contemporánea, sobre todo en lo que dice relación con la forma de expresarse y comunicarse que tienen los jóvenes, lo que se caracteriza por un escaso uso del léxico en comparación con generaciones anteriores.

“Todo esto nos hace pensar que se requieren políticas públicas que incentiven la lectura, que incentiven la interacción de la verbalidad social y para eso hemos propuesto que se hagan gestos, particularmente en el ámbito de los libros y de las actividades multimediales que permitan avanzar en esta línea, pero hemos chocado con la misma piedra de siempre”, sentenció.

El legislador recordó que la discusión sobre la eliminación del IVA de los libros se ha eternizado, por lo que “si no se quiere responder en el sentido de la petición, por lo menos que uno vea una tendencia clara a la formación de bibliotecas públicas que permita efectivamente acceder a este tipo de instrumentos culturales como son los libros”.

Asimismo criticó que nuestro país se esté quedando atrás en cuanto a la nueva estructura de comercialización de libros que se está difundiendo en el mundo.

“Se está dando la tendencia de los libros digitales y nosotros vemos que Chile se mantiene retrasado y hemos visto que hay agentes en la sociedad chilena que van mucho más allá de proteger la propiedad intelectual, lo hemos visto en la ley que se está estudiando en materia e propiedad intelectual, y se transforman en verdaderos obstáculos para el acceso de la gente a la cultura, fruto de que prima un criterio de hiperlucro”, puntualizó.

Si bien el Ministerio de Hacienda negó la posibilidad de terminar con el IVA para los textos escolares, señaló que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha privilegiado los programas focalizados de gasto directo para facilitar el acceso de los estudiantes a los textos escolares y de las familias a los textos de literatura.

A modo de ejemplo, manifiesta que la Ley de Presupuestos para 2009 contempla iniciativas en esa línea que implican recursos por sobre los $29.600 millones, incluyendo recursos para la compra y distribución a los establecimientos educacionales de 17 millones de textos escolares; para la compra de textos y revistas para los Centros de Recursos de Aprendizaje de escuelas y liceos, entre otras medidas.

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