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Patrimonio cultural

La Estrella, Chiloé. 1/06/2009

Es más que una tarea semioculta de recuperación y protección de inmuebles centenarios.

Próximamente, la Presidenta Bachelet enviará al Congreso un proyecto de ley que propone crear un Instituto del Patrimonio, que reuniría toda la actividad estatal vinculada a dicha tarea, para optimizar recursos y modernizar la gestión. La intención es positiva, pero el Legislativo deberá analizar con cuidado los graves reparos que ya han formulado personalidades destacadas del área cultural. Actualmente, ella ha cobrado un relieve del que carecía, a lo que contribuye el Día del Patrimonio -que se celebró ayer-, loable iniciativa del ex Presidente Lagos por la que el patrimonio ocupa el centro de la atención de la ciudadanía, y ésta tiene la opción de compenetrarse directamente en él.

La valoración creciente del patrimonio como vehículo de identidad cultural también ha hecho que, de modo bastante espontáneo, las agrupaciones vecinales se conviertan en muchos casos en gestoras de su propio patrimonio local.

Ocurre así en numerosas comunas en las que los vecinos han elevado a la autoridad propuestas de declaratoria de monumento nacional para bienes valorados por la comunidad respectiva, pero que difícilmente podría visualizar una autoridad centralizada. Esa práctica creciente le está dando mucha dinámica a este proceso y, además, despierta el entusiasmo de los benefactores, casi en su totalidad del sector privado. El patrimonio se vuelve así una vivencia más real y cotidiana para las personas, y no solamente una tarea semioculta de recuperación y protección de inmuebles centenarios.

Con todo, esta positiva democratización del cuidado patrimonial corre peligros: primero, que no haya una reacción oportuna de la autoridad, por fin conducente a una reforma del sistema tributario que afecta a los bienes patrimoniales. Éste es en Chile el escollo más grave para un buen desarrollo patrimonial, pues, de hecho, impide a los propietarios de los bienes ejercer prácticamente ninguna acción beneficiosa para aquellos.

En segundo término, parece razonable que una instancia superior sancione lo obrado en el nivel comunitario en materia de valorización patrimonial, otorgándole cierta unidad de criterios. Pero la iniciativa de crear un Instituto del Patrimonio debería llevar a dinamizar las innovaciones y propuestas nacidas de la inquietud privada en los últimos años en materia de gestión y financiamiento.

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